La influencia de la TV

Cómo se informa la gente:
80% por la televisión,
12% por la radio,
6% por los periódicos,
2% por Internet.
DOS EMPRESAS CONTROLAN EL DE LAS FRECUENCIAS DE TELEVISIÓN:
257 ESTACIONES
180 ESTACIONES


TELEVISIÓN ABIERTA

Televisa tiene 68% de los televidentes mexicanos, concentra el 70% de la publicidad en medios electrónicos, el 95% de la televisión satelital y 50% en la de cable. Esa concentración le permite a Televisa tener un poder mayor que el del gobierno, el Congreso y el Poder Judicial. Las televisoras de la empresa defienden los intereses de la oligarquía nacional y mundial.
Bastaría conocer quiénes son los integrantes del Consejo de Administración de Televisa, para entender las relaciones entre los poderes económicos, políticos y mediáticos: Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda de Carlos Salinas, Alberto Bailleres, dueño de El Palacio de Hierro, Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, Roberto Hernández, presidente del Consejo de Administración de Banamex, Germán Larrea, presidente del Grupo México (minas de Cananea, Pasta de Conchos) Enrique Krauze, director de Clio y Letras Libres, José Antonio González Fernandez, presidente de FEMSA y Coca-Cola, Fernando Senderos, presidente Grupo Desc, Enrique F. Senior, director de Allen & Company, Manuel Cubillas Cavani, director general de Bacardi, Limited. De las mil 576 estaciones de radio concesionadas en nuestro país, 80 por ciento son propiedad o están afiliadas a uno de los nueve grupos empresarial es que acaparan las señales. Los grupos más grandes son Radiorama y ACIR que poseen a casi la tercera parte de las radiodifusoras comerciales en México. Les siguen los grupos Radiocima, Sociedad Mexicana de Radio, Promosat de México, MVS Radio, Organización Radio Fórmula, Multimedios Estrellas de Oro y Radio S.A.

9 GRUPOS CONTROLAN LA RADIO EN MÉXICO

La oligarquía utiliza la televisión y la radio para mantener sus privilegios, ocultar la verdad y maquillar la realidad, con el propósito de que la población acepte, con resignación, las injusticias, la desigualdad social y la falta de democracia en México.
Los grandes medios se declaran “imparciales, veraces y objetivos”, pero nunca informan de nada que afecte sus intereses. A través de técnicas propias de la guerra, lanzan campañas psicológicas hacia la población para provocar miedo, inventar amenazas para la colectividad, promover el odio, exacerbar la violencia, criminalizar la lucha social y generar desconfianza y polarización.
Los noticieros televisivos son verdaderas correas de transmisión de la ideología y del discurso oficiales, modelan las ideas de la opinión pública y tratan a los ciudadanos como simples espectadores. Aunque cuentan con una amplía audiencia, cada día tienen menos credibilidad.

La transformación profunda de México pasa por la democratización de los medios de comunicación. Andrés Manuel López Obrador propuso, en el Proyecto Alternativo de Nación, acabar con el monopolio de los medios electrónicos para auspiciar la libre competencia mediante una apertura de “todos los canales de televisión o estaciones de radio que sean técnicamente posibles”, “impidiendo que se concentren en unas cuantas manos, como sucede actualmente”. No se trata de expropiar sino de ampliar las frecuencias.
El problema no es únicamente la concentración, sino los intereses de los dueños de los periódicos, la radio y la televisión, que comercializan la información y trafican cuotas ilegítimas e indebidas de poder político.
En ese sentido, es necesario establecer regímenes de propiedad social y pública en los medios, una regulación transparente y justa de los presupuestos publicitarios oficiales, los cuales constituyen un instrumento para controlar a medios independientes.
No debe perderse el papel de las nuevas tecnologías, basados en Internet, en el proceso de democratización del conocimiento, la información y participación ciudadana, tales como las páginas web, las listas de correo, los foros, los blogs y las redes sociales, que permiten la difusión ágil y eficiente de información libre que se contrapone a la desinformación de los grandes medios. Además de las formas de comunicación directa como las reuniones vecinales, los círculos de estudio y las asambleas informativas.
Estos medios alternativos, tan modernos como Facebook o milenarios como la plaza pública, sirven a la supervivencia de la resistencia civil pacífica frente al cerco mediático, el acoso policial y a los afanes corruptores del poder gubernamental.

El movimiento frente a los medios.

Si el llamado cuarto poder fue concebido como contrapeso a los poderes del orden republicano —el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial—, en nuestro país y en otras latitudes el poder mediático sirve a la oligarquía para asaltar las instituciones del poder público.
En México, los medios, en especial la televisión, fueron instrumentos de control del viejo régimen autoritario. Hasta el dueño de Televisa se declaró soldado del PRI. Hoy es al revés: la televisión ejerce su dominio sobre las instituciones y tiene sometida a la clase política. La minoría que manda en el país posee la mayoría de las televisoras, radios y periódicos. Con ellos manipula la información, criminaliza la lucha social, distorsiona los procesos electorales y apuntala a sus candidatos. En 1988 Televisa lanzó todo contra Cuauhtémoc Cárdenas y legitimó al cuestionado Carlos Salinas. En 2006, a escala mucho mayor, casi todos los medios electrónicos y escritos, tomaron parte de la campaña de odio y miedo lanzada por el régimen foxista contra Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, Calderón fue impuesto con un operativo militar, policial y mediático, y su principal sostén hoy es la televisión. Televisa tiene tanto poder que chantajea a gobernantes y legisladores, cuenta con diputados y senadores, pone candidatos en distintos partidos y promueve legislaciones a conveniencia, como la llamada “Ley Televisa”.
A contracorriente, la fuerza política de movimientos populares puede medirse por la aversión que suscita en esos medios. Conforme esas expresiones ciudadanas sobreviven al acoso gubernamental, avanzan en organización y ejercen un contrapeso a los designios del poder oligárquico, televisoras y radios aumentan su hostilidad, calumnian a sus dirigentes, silencian sus actividades y distorsionan sus propósitos.
El monopolio de los medios de comunicación es uno de los obstáculos para la democratización del país. Y es uno de los principales desafíos para el movimiento popular, que aún conserva su energía y su poder de convocatoria, se expande por los municipios, avanza en organización y cohesión y se dota de medios para contrarrestar el discurso dominante. Un ejemplo de ello es Regeneración, este periódico que tienes en las manos.

Dos empresas controlan la televisión en México

Tu hogar puede ser uno de los 27 millones que existen en el país y cuentan con televisión abierta. Las señales de Televisa y TV Azteca (Canal 2, Canal 13 o Canal 5) llegan al 93.2% de los hogares mexicanos. Ambas empresas concentran y acaparan la mayor parte de las concesiones de televisión. De ahí proviene su poder mediático, económico y político.
Este nivel de concentración no existe en ningún otro país. Televisa es única en el mundo. En otras partes no se permite que una sola empresa posea más del 30 por ciento de los canales.
Televisa tiene 257 es¬taciones concesionadas y afiliadas; tres cadenas nacionales (Canal 2, Canal 5, Canal 9) y una señal metropolitana (Canal 4). Esto representa 65 por ciento de las frecuencias de televisión abierta en el país.
Televisa llega al 68% de los televidentes mexicanos; acapara 70% de la publicidad destinada a medios electrónicos y 60% de la publicidad de todos los medios, incluyendo periódicos, revistas, cine e Internet.
También posee 95% del mercado de televisión vía satélite, a través de la empresa Sky, con 1.7 millones de suscriptores. Domina 50% de la televisión por cable, pues es propietaria o accionista de Cablevisión, Cablemás y TVI (Multimedios), las empresas más grandes del sector. En la televisión de paga atiende a 4.3 millones de hogares y es dueña de 30 canales de televisión restringida. Ninguna otra empresa competidora tiene ese nivel de dominio en televisión abierta y en televisión de paga.
TV Azteca tiene 180 frecuencias en todo el país que transmiten sus dos cadenas nacionales (7 y 13), más la de Canal 40 (metropolitano), cuya apropiación fue ampliamente criticada. Alcanza 25% de los televidentes y 28% de la publicidad en medios electrónicos. No tiene concesiones de televisión por cable ni en señal satelital.
Todos los canales de paga dependen de Televisa para ser incluidos en las señales de Cablevisión y Sky.
Fox y Calderón dieron todo a televisoras
En 2004 Fox regaló a Televisa y a TV Azteca más de 400 “canales espejo”, que les permitirán difundir señales de televisión digital, la nueva tecnología que sustituirá a la actual. Entre ambas empresas poseen 874 canales reservados hasta el 2021. El valor de ese “regalo” se calcula en 2,370 millones de dólares.
Con tanto poder, Televisa y, en menor medida, TV Azteca, ejercen el mando en áreas como el deporte, las apuestas y el mercado publicitario.
Calderón planea darle a Televisa parte de la telefonía móvil y de servicios de Internet. El PRI y el PAN le condonaron los impuestos para iniciar operaciones. A eso le llaman libre competencia.

Democratizar los medios

“Un país con una televisión rica y escuelas pobres está en serios aprietos”, escribió el economista liberal John Keneth Galbraith hace más de tres décadas. Y los problemas son mayores si esa televisión es un monopolio que concentra el 70% de los ingresos de publicidad, acapara el 85% de las frecuencias, “informa” al 90% de los mexicanos y domina los órganos del Estado encargados de regular el uso este bien público, el espectro radioeléctrico.
En los últimos 25 años, el único sector que no ha modificado su estructura es el de los medios de comunicación masiva. Por el contrario, los gobiernos de la alternancia han fortalecido su concentración en dos grandes empresas privadas (Televisa y TV Azteca). Sus tentáculos ya no se limitan a la televisión abierta sino a otras áreas convergentes como las telecomunicaciones (telefonía, Internet, televisión por cable, dominada por Televisa). Al monopolio de la telefonía (Telmex) se le agrega el de la pantalla televisiva y sus ramificaciones políticas, financieras, publicitarias e ideológicas.
Los efectos de esta concentración han sido nefastos para el derecho a la información y la educación. Las empresas de comunicación convirtieron la información y los contenidos en mercancías. La hipercomercialización llega hasta la política. Ahora la televisión impulsa productos, no candidatos ni partidos; fabrica gobernantes y hasta candidatos presidenciales (como el caso de Enrique Peña Nieto); y se apropia del debate público para impulsar sus propios intereses.
Ante tal monopolio privado, la principal amenaza para la libertad de expresión no proviene de los gobiernos, sino de las propias empresas que usufructúan un bien público y un derecho ciudadano, como es el de la información.
El Estado mexicano abandonó su compromiso de construir una sociedad del conocimiento y de la información. Hoy sólo 9% de los mexicanos tiene acceso a los servicios de internet en banda ancha (frente al 20-30% de otras naciones como Brasil o Argentina); en contraste, 90% de los hogares ve una televisión dominada por Televisa. Sólo una quinta parte tiene acceso a la televisión por cable o satelital (Televisa controla 55% del cable y 95% de la satelital).
Los grandes centros universitarios públicos (UNAM, IPN o CONACYT) y la propia SEP, están al margen de los contenidos televisivos y de los servicios de convergencia o triple play. Peor aún, el gobierno de Felipe Calderón ha decidido privatizar la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ideal para los servicios de banda ancha, y dejarla en manos de las empresas monopólicas. En México no existen medios públicos que hagan contrapeso a los medios electrónicos privados. Existen medios oficiales, al servicio de gobiernos federales o estatales en turno, que reciben apenas 10% de la publicidad gubernamental en las pantallas.

PROPUESTAS.

1. Abrir la competencia en medios electrónicos y convergentes, sobre todo en televisión abierta y televisión restringida (por cable, satelital o vía microondas). No se trata de expropiar ningún canal privado existente, sino de utilizar de manera democrática el espectro radioeléctrico. Con la digitalización de las señales se pueden formar nuevas cadenas privadas y crear auténticos medios públicos.
2. Destinar al menos 10% de las frecuencias disponibles en radio y televisión para medios audiovisuales independientes y públicos. Se requieren estaciones de televisión universitarias, indígenas, estatales, con consejos en los que participen organizaciones sociales, educativas y dedicadas al derecho a la información.
3. Crear organismos reguladores autónomos y descentralizados. En México los dos órganos reguladores de los medios electrónicos y de telecomunicaciones –SCT y Cofetel– están dominados por los intereses de las empresas monopólicas. No alientan la competencia, actúan con discrecionalidad y tratan este bien público como si sólo fuera un negocio privado. Hay que descentralizar y poner límites a la concentración para que ninguna compañía posea más de 50% de las frecuencias de radio en una plaza, ni más de 25 a 35% de las frecuencias de televisión, o más de 20% en redes de telecomunicaciones. Se requiere un órgano constitucional autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, que otorgue las concesiones y administre con eficacia el espectro radioeléctrico y las redes de telecomunicaciones.
4. Suprimir la figura de los medios oficiales y de los permisos y crear la figura de medios públicos, que son todos aquellos que prestan un servicio no comercial (estaciones estatales, culturales, universitarias, comunitarias, indígenas).
5. Democratizar la producción de contenidos audiovisuales. Es necesario incorporar en las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones criterios para la retransmisión de la televisión abierta en la televisión restringida. Asimismo, impulsar que un mínimo del 20% de los contenidos sea de producción independiente.
6. Fomentar los contenidos de calidad, creativos, y su difusión en medios públicos. Regular la comercialización de la pantalla, limitar la publicidad a 20% del tiempo total de transmisión), impedir la publicidad engañosa o los infomerciales.
7. Democratizar los recursos públicos destinados a los medios. Más de 70% de la publicidad gubernamental se entrega a un puñado de medios electrónicos privados. Es necesaria una Ley de Equidad Publicitaria para impulsar a medios impresos, cibernéticos, cine y otros.
8. Reconocer los derechos de las audiencias y sancionar la violación a los derechos a la privacidad, al acceso a la información pública, de réplica, a la educación, la salud y la cultura; fomentar el respeto a la diversidad, la tolerancia y la pluralidad; y los derechos de la infancia.

Cómo democratizar a los medios

Establecer entidades de interés público, autónomas pero sostenidas por el Estado y asumir que la tarea informativa independiente y equilibrada no debe regirse por criterios comerciales. Ejemplo: la BBC (Gran Bretaña)
Atomización y dispersión de la propiedad
Establecer sociedades anónimas en las que, por mandato estatutario, se distribuya la posesión de acciones entre muchos ciudadanos y se prohíba la concentración de más del uno por ciento de la propiedad en una sola persona.
Ejemplo: La Jornada (México)
Régimen mixto de las frecuencias
Instituir la concesión obligatoria de las frecuencias disponibles de radio y televisión, a partes iguales, a cuatro sectores: iniciativa privada, entidades del Estado (poderes federales y estatales, organismos autónomos), instituciones públicas de educación superior y organizaciones sociales (sindicatos, ligas agrarias, comunidades indígenas, organismos de derechos humanos, la educación, etc.)