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viernes, 9 de julio de 2010

Rebajan penas a la cúpula de la policía secreta de Augusto Pinochet.




Santiago, Chile. La Suprema Corte de Justicia rebajó hoy las condenas a la cúpula de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (Dina), máximo órgano de represión durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en relación con el asesinato de Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, cometido en Buenos Aires, en 1974.

El máximo tribunal aplicó la medida de media prescripción al otrora jefe de la temible Dina, el ex general Manuel Contreras, y a otros ex agentes y dos civiles que recibieron penas definitivas por asociación ilícita y su participación en el asesinato del ex general Prats y Cuthbert, entre ellos los ex brigadieres Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga Neumann.

Contreras, que recibió condena de doble cadena perpetua de acuerdo con el dictamen del juez Alejandro Soliz en 2008, cumplirá ahora 17 años de prisión por el delito de doble homicidio calificado, misma sanción que cumplirá Pedro Espinoza, condenado en primera instancia a 20 años.

A los ex agentes Raúl Iturriaga Neumann, José Octavio Zara, Cristoph Willike y Juan Morales Salgado les fue rebajada la pena de 20 a 15 años y un día de prisión, además de que por el delito de asociación ilícita recibieron una pena de 100 días de cárcel.

Mientras, los civiles Mariana Callejas, ex esposa de Michael Townley, autor material del crimen y protegido por Estados Unidos, y el espía Jorge Iturriaga Neumann, fueron condenados a cinco años en calidad de cómplices, en tanto que el suboficial Reginaldo Valdés Alarcón recibió dos penas de 541 de cárcel con beneficio de remisión condicional.

Las hijas del matrimonio Prats Cuthbert quedaron conformes con las sanciones y que se haya restablecido la "asociación ilícita", mientras el ejército buscó desligarse de la dictadura al repudiar los crímenes de los militares que participaron en el doble asesinato.



Nido de prófugos.





Al concluir el proceso contra los autores del atentado contra el general chileno Carlos Prats su hija Sofía lamentó que no pudo enjuiciarse al estadounidense Michael Townley, el ex agente de la DINA autor material de la colocación de la bomba en el barrio de Palermo, quien permanece con otra identidad bajo protección del gobierno de Estados Unidos. (Fuente: ANSA)

Al cabo de décadas de reclamos, la justicia chilena emitió un rayo de luz, al dictaminar la autoría intelectual del ex dictador Augusto Pinochet, en el atentado terrorista perpetrado contra el general Carlos Prats, en Argentina, en 1974. La Corte Suprema también sentenció a 20 años de presidio al general Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinoza como autores del crimen y por asociación ilícita para cometerlo.

Sin embargo, además de demorada, la señora de la balanza se vio impotente para juzgar al autor material de la colocación de la bomba asesina, quien disfruta de la protección del gobierno de Estados Unidos, que cobija en confortable nido a cuanto represor terrorista anda prófugo. Si no que lo digan los que atentaron contra Letelier, o Posada Carriles y Orlando Bosch, o el ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Losada, por sólo citar algunos casos.

Al igual que estos últimos, Michael Townley sabe demasiado y hay que mantenerlos a salvo e impunes.




JUSTICIA EN ARGENTINA.



Cuarta cadena perpetua contra el ex general Luciano Benjamín Menéndez.

Es un "golpe a la impunidad de tantos años": gobierno de Argentina.




Buenos Aires, 8 de julio. Con la mirada fría, sin el menor gesto en su expresión, el ex general Luciano Benjamín Menéndez, ante cuyo nombre temblaron miles de argentinos en las varias provincias que comprendía el Tercer Cuerpo de ejército que comandó durante la pasada dictadura militar (1976-1983), escuchó impasible su cuarta condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, en Tucumán, capital de la provincia del mismo nombre.

En el Tribunal Oral en lo Criminal Federal hubo momentos expectantes cuando Menéndez recorría con la mirada endurecida decenas de fotografías de desaparecidos que levantaban en silencio las madres y los familiares de las víctimas en esa provincia. Esto se transformó en alegría desbordante, no exenta de lágrimas, al conocerse el dictamen de la justicia y familiares de las víctimas e integrantes de organismos de derechos humanos que llenaban la sala estallaron en un grito único "se hizo justicia", ante el hecho de que se especificaba el cumplimiento de la pena en cárceles comunes.

Escuchando un coro de voces que los llamaba "asesinos" los imputados se fueron del lugar.

Por ese tribunal habían pasado desde febrero pasado 64 personas, entre ellos víctimas sobrevivientes contando su tragedia.

Menéndez uno de los más duros e implacables jefes militares de entonces fue encontrado culpable de violación de domicilio en reiteradas ocasiones, privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos agravados en perjuicio de 17 personas en uno de los casos. Además por los delitos de tortura seguida de muerte de dos detenidos y homicidio agravado por alevosía, "con el fin de lograr impunidad" en los casos de otras 19 víctimas.

El militar cumple prisión preventiva en la cárcel de Bower en la provincia de Córdoba por una condena anterior y volverá allí donde enfrenta junto al ex dictador Jorge Rafael Videla, un juicio oral por otros crímenes de lesa humanidad.




También fue condenado en Tucumán el ex policia Roberto Heriberto Albornoz, (El Tuerto) por delitos de lesa humanidad cometidos en la jefatura de policía de esa provincia y se dispuso su inmediata detención en una cárcel del lugar revocando la prisión domiciliaria que gozaba, y los ex policías y hermanos Luis y Carlos de Cándido a 18 y cuatro años de prisión.

Fue en este mismo tribunal donde recientemente compareció el testigo Juan Carlos Clemente, quien fue secuestrado y sometido a torturas en la jefatura de policía y al cuál luego se dio un carnet policial que aprovechó para llevarse a escondidas algunos archivos, que ocultó durante años y entregó al tribunal, ante la sorpresa del jueces y familiares. Así se conocieron no sólo otras casi 300 desapariciones, sino listados de perseguidos y condenados, lo cuál se constituye en el primer archivo de importancia incorporado a una causa. Clemente fue el hombre del día.

Algunos de los imputados en esta causa ya murieron, pero otros como el general Antonio Bussi, ex titular de la V Brigada de Infantería, debió ser apartado del juicio debido a razones de salud y su juicio está por ahora suspendido.

Pero Menéndez y Bussi, ya habían sido condenados por otro tribunal en Tucumán en agosto de 2008 por el secuestro y desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse.

Para el secretario de Derechos Humanos, el abogado y ex defensor de presos políticos y a su vez perseguido, Eduardo Luis Duhalde, con estas resoluciones judiciales "se da un golpe a la impunidad tantos años". Y esto sucede en una provincia donde la población ha vivido represiones a lo largo de todas las dictaduras del siglo pasado y en 1975 el ejército desarrolló allí el llamado Operativo Independencia, un antecedente básico de la dictadura, donde centenares de personas fueron asesinadas y desaparecidas.

Duhalde consideró que "gracias a estas penas que se están imponiendo para que cumplan las sentencias en cárceles comunes, que es lo que corresponde, se han terminado los privilegios que gozaban estos señores".

Y recordó que las víctimas “fueron asesinadas sin que tuvieran ninguna posibilidad de apelar a la justicia, de plantear hábeas corpus o de gozar de las garantías constitucionales con las que ahora ellos mismos (los juzgados en estas causas) cuentan”. También destacó la falta de arrepentimiento de los responsables y el valor de las familias que lucharon durante años y esperaron por la justicia sin ejercer jamás violencia por mano propia.

Mañana en esta misma ciudad se celebrará el acto de conmemoración de la declaración de la independencia argentina (9 de julio de 1816) y asistirá la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Por un lado podemos ver la justicia que se viene dando en Argentina, de manera contrastante con lo que pasa en chile a las rebajas de condenas a la policía secreta de Pinochet, pero al fin y al cabo lo rescatable es la justicia en América Latina que condena por fin a las dictaduras de hace años, la justicia después de más de 30 años pero ha llegado, y que se enteren los grandes delincuentes de hoy (Bush, Salinas, Calderón, Ulises Ruiz, OTAN, CIA, etc, etc), se hará justicia tarde que temprano.



jueves, 1 de julio de 2010

¡Libres!

SCJN: sin sustento, las acusaciones contra los 12 presos de Atenco.

Emocionados, decenas de pobladores de Atenco se fundieron en abrazos al conocer que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó ayer la libertad inmediata de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra presos desde mayo de 2006. Se consideró que autoridades mexiquenses fincaron acusaciones a partir de "premisas falsas". Al cierre de esta edición, los nueve recluidos en Molino de Flores salieron del penal, mientras seguía el papeleo para excarcelar a los tres activistas en el Altiplano.

Liberan a los doce presos atenquenses.

La primera sala de la Corte les concede el amparo.

La procuraduría del estado de México usó pruebas ilícitas para imputarles secuestro equiparado: ministros.


La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación inmediata de 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) presos desde mayo de 2006, por considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones contra los detenidos a partir de "premisas falsas y endebles", además de que utilizó "pruebas ilícitas" para imputarles el delito de secuestro equiparado.

En votación dividida (cuatro votos contra uno), los ministros concedieron el amparo en favor de Ignacio del Valle Medina Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Sin embargo, José Ramón Cossío, quien se sumó a los votos de Juan N. Silva Meza, Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, aclaró que él votaba en favor del amparo, pero se pronunciaba porque la sala cambiara la tipificación del delito de secuestro equiparado por el de privación ilegal de la libertad, que se dictara sentencia acusatoria y se tomaran en cuenta los cuatro años, un mes y 26 días que llevaban en prisión para que compurgaran su pena y quedaran libres.

Silva Meza y Zaldívar se opusieron al planteamiento de Cossío. Argumentaron que la propuesta no era congruente, porque la mayoría proponía dictaminar el amparo "liso y llano", ya que las pruebas acusatorias de la procuraduría mexiquense fueron "insuficientes e ilícitas".

Además, le recordaron que la decisión adoptada era "consistente" con los nuevos estándares del proceso penal fijados por la misma primera sala, cuando resolvió los amparos de los indígenas sentenciados por la matanza de Acteal y determinó la liberación de Alberta y Teresa, acusadas de "secuestrar" a seis agentes federales en Querétaro.

Cossío reivindicó su derecho a votar como mejor le pareciera, ante la inconformidad de los tres ministros que descalificaron el proceso contra los acusados por haber violado el debido proceso y la garantía de presunción de inocencia.

Sólo el presidente de la primera sala, José de Jesús Gudiño Pelayo, votó en contra del amparo, al considerar que sí quedó demostrada la acusación de secuestro equiparado, en razón de que los funcionarios "retenidos" en los hechos ocurridos en febrero y mayo de 2006 en Atenco sufrieron amenazas físicas y verbales como forma de presionar al gobierno mexiquense a cumplir sus demandas.

De esta forma quedó sin efecto la sentencia de 112 años de prisión contra Ignacio del Valle y de 67 años contra Felipe Medina y Héctor Galindo, respectivamente, por el delito de secuestro equiparado.

En la sesión estuvieron presentes Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle; los actores Bruno Bichir, Ofelia Medina y Julieta Egurrola, del colectivo de apoyo a los presos de Atenco, y Jody Williams, premio Nobel de la Paz 1997.

Los otros nueve acusados, recluidos en el penal de Molino de Flores: Óscar Hernández Pacheco, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinosa Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Édgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate recibieron el amparo por votación unánime.

Sin discusión, los ministros descalificaron las acusaciones contra estos nueve activistas –sentenciados a 31 años de prisión– por la "retención" de funcionarios y policías los días 8 de febrero, 6 de abril, y 3 y 4 de mayo de 2006, en razón de que el Ministerio Público utilizó un álbum fotográfico para que los testigos reconocieran a sus agresores y porque la acusación se basó en "la simple circunstancia de que los quejosos se encontraban en el lugar de los hechos donde fueron detenidos, con el argumento de que nada tenían que hacer ahí".

Al defender la postura de la mayoría, Silva Meza aseveró que "la ilegalidad de la sentencia reclamada" se pone más de manifiesto cuando la autoridad enfatizó la responsabilidad de los quejosos, porque pertenecen a una organización social, como lo es el FPDT, "partiendo de una ideología totalitaria, donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad y despliegue de conductas consideradas delito por los integrantes de dicha organización, sin que interese si se encuentran o no debidamente acreditadas".

Agregó que las condenas reclamadas en los amparos dejan ver una forma "maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición", que pone en entredicho "la forma en la que el Estado trata la libertad personal, la integridad, libertad de asociación y expresión de los líderes sociales sentenciados".

Consideró que el respeto a las libertades es fundamental en un Estado democrático y de ahí la importancia de la concesión del amparo y sentar un precedente para cuando se presentensituaciones como éstas en el futuro.

Subrayó que "la manifestación de ideas y el reclamo social no son sinónimos de delincuencia; pensar lo contrario y utilizarlo como basamento para emitir una sentencia condenatoria es actuar contra nuestro sistema de justicia, en indefectible desdoro de los derechos y libertades del ciudadano".

Silva Meza señaló que los amparos "adquieren una significación social superlativa, no sólo por tratarse de los quejosos, de líderes sociales emblemáticos de un grupo que se ha caracterizado por ser fuerte opositor del gobierno del estado (de México) donde fueron sancionados, amén de que también de diversas acciones del gobierno federal".

Subrayó que si bien la práctica de "retener personas" vulnera el derecho a la libertad e integridad y constituye un "desafío y desconocimiento" de la autoridad del Estado para obtener algo de éste, lo cierto es que también quedan en evidencia cuestiones como "la desmesura y desproporción de la reacción del poder del Estado".

En todos los casos se ordenó notificar, vía telegrama, a las autoridades correspondientes para que procedan a la inmediata liberación de los acusados por lo que respecta al delito de secuestro equiparado.



Habrá justicia cuando condenen a quienes perpetraron el proceso ilegal: Ofelia Medina.
Tras cuatro años de lucha, "son libres", dijo Trini a cientos que esperaban el fallo.




Con el puño en alto, Trinidad Ramírez, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y esposa de Ignacio del Valle, bajó las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras escuchar la resolución del pleno. Emocionada, se fundió en un largo abrazo con Jody Williams, premio Nobel de la Paz 1997, y enseguida dijo ante el micrófono: “Después de cuatro largos años de lucha, podemos gritar el día de hoy: ¡Son libres… lo conseguimos!”

Con voz que denotaba su emoción, Trinidad Ramírez se dirigió a los más de 300 asistentes al mitin de apoyo por la libertad de los presos políticos, y gritó: “que todo el pueblo lo escuche y todo el país: el FPDT volvió a conseguir lo que parecía imposible, vencer al gobierno federal y al mexiquense. La Suprema Corte ha dictado la libertad inmediata de todos nuestros presos políticos, de los 12 compañeros. No es una concesión, sino un acto de congruencia jurídica y de respuesta a la movilización social.

"Frente a esto, venimos a decir: teníamos la razón, siempre la tuvimos. Ninguno de nuestros 12 compañeros presos merecía estar privado de su libertad. Se trata de campesinos, maestros, estudiantes, universitarios, pobladores humildes que fueron recluidos por orden directa del Estado, por la acción concreta del poder federal y del estado de México."

Ante integrantes del FPDT, estudiantes, representantes de organizaciones sindicales y civiles, Trinidad Ramírez aseveró: "en este momento nos embarga la emoción, hay sentimientos encontrados. El latir de mi corazón es cada vez más fuerte, pero bien sabía yo que ese latir estaba siendo acompañado no sólo por los que están aquí, sino por los que están en otros lugares. Veo lágrimas de mis compañeras y compañeros; cuando lloramos decimos que es de corazón, de un pueblo que lucha. Hoy logramos la libertad de todos. Es un triunfo de todos".

Jody Williams también alzó el puño y, visiblemente emocionada, señaló: "Bravo para la gente de Atenco que tanto ha sufrido y todavía ha tenido esperanza de justicia. Con esta decisión histórica la Corte está diciendo que los derechos humanos sí valen en este país, que no valen sólo los derechos de la gente con poder y lana, sino los derechos de todos los mexicanos. Tal vez tengan un futuro mucho mejor. Ha sido un honor para mí estar con la gente de Atenco".

Más tarde, en entrevista, indicó que "esto no es justicia completa. Están pendientes los casos de las 27 mujeres violadas y me gustaría saber cómo van a reparar el daño a los 12 presos que perdieron cuatro años de su vida. Pero hoy es día de festejar por la justicia en México. Nosotros, los 12 que firmamos la carta, vamos a continuar hasta que todos tengan justicia".

Ofelia Medina, en representación del Comité Libertad y Justicia para Atenco, manifestó: "Esto no significa que haya justicia, simplemente quiere decir que se detuvo la injusticia; para que digamos que hay justicia tienen que ser condenados los culpables intelectuales y los que realizaron este proceso violatorio que hemos vivido".

Medina estuvo presente en la sesión de la Corte con Trini, Bruno Bichir, Williams y familiares de los presos políticos de Atenco. Al salir de la sesión sus rostros reflejaban su emoción. Hubo abrazos y lágrimas.

Antes, en el mitin por la liberación de los 12 detenidos de Atenco que se realizaba fuera de la Corte, Damián Camacho dijo a las 12:25: "Nos acaban de informar que los ministros aprobaron la libertad de los nueve detenidos en el penal Molino de Rosas".

"¡Libertad, libertad, presos políticos libertad!", gritaron los manifestantes machete en alto, entre lágrimas y abrazos.

A las 13:04, Camacho informó: “han votado los ministros por la libertad de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez… nos falta Héctor Galindo. Queremos libertad para todos”.

Por fin, a las 13:33, anunció: "los ministros votaron por la libertad de Héctor Galindo"... Ahora "¡vamos por la libertad de América del Valle!"

Trini Ramírez destacó: “organícense, el mensaje es que el gobierno y el Estado no son invencibles. ¿Se puede vencer al gobierno? ¡Claro que se puede! ¿Es posible hacerlo? ¡Claro que es posible!