Policías podrán interrogar y detener a cualquier sospechoso de no tener papeles.
Prevén que la gobernadora republicana no vete la iniciativa sancionada en el Congreso estatal.
Grupos defensores de inmigrantes planean movilizaciones en caso de que sea promulgada.
Martes 20 de abril de 2010.
Nueva York, 19 de abril. El odio contra los inmigrantes se manifestó hoy de Arizona a Nueva York.
La legislatura estatal de Arizona aprobó una versión final de lo que se considera el proyecto de ley más antimigrante del país: criminaliza a nivel estatal a todo indocumentado y permite a la policía local amplia discreción para detener a toda persona que sospechen es inmigrante sin papeles.
Con ello, sólo falta la decisión de la gobernadora republicana Jan Brewer, quien hasta el momento no ha expresado su opinión sobre la iniciativa. A partir de hoy Brewer cuenta con cinco días para anular la iniciativa con un veto, promulgarla o no hacer nada, en cuyo caso automáticamente se convierte en ley.
La iniciativa obliga a funcionarios y agencias estatales, incluida la policía, a aplicar las leyes federales de inmigración y tipifica como crimen la no obtención de documentos migratorios, o sea, no tener documentación legal. También criminaliza la contratación y la solicitud de trabajo de indocumentados, y transportar o dar albergue a éstos. Pero el elemento más extremo, y más criticado por opositores es la medida que obliga a la policía a interrogar a cualquier persona que considere potencialmente sospechosa de su estado legal migratorio.
La zona cero
Y ésta es sólo la iniciativa más reciente en Arizona, estado que se ha convertido en la zona cero de la guerra contra los inmigrantes en el país. El estado adoptó una ley en 2005 que criminaliza el tráfico de personas y otra en 2007 que prohíbe la contratación intencional de indocumentados. Los legisladores afirman que su intención es expulsar a los inmigrantes sin papeles y desincentivar su ingreso al estado. Se calcula que Arizona tiene medio millón de indocumentados y es el punto de cruce más activo para el flujo de personas sin papeles.
Los promotores afirman que esto es resultado de la falta de acción efectiva del gobierno federal para controlar las fronteras. El senador federal y ex candidato presidencial John McCain endosó hoy la iniciativa, y declaró que los habitantes de su estado están frustrados y enojados, ya que el gobierno federal no ha cumplido con sus responsabilidades constitucionales para asegurar nuestras fronteras.
Este comentario refleja el clima político, ya que antes McCain había repudiado este tipo de medidas por su carácter antihispano, y fue promotor de las medidas federales para una reforma migratoria integral. Ahora enfrenta el reto de un ultraconservador, quien lo critica por no hacer lo suficiente para asegurar la frontera en las elecciones primarias del Partido Republicano por la candidatura al Senado federal, lo que amenaza la relección de veterano político.
La gobernadora republicana Brewer enfrenta las mismas fuerzas que McCain al buscar su relección este año, y se supone que no empleará su poder de veto para anular esta legislación. Su antecesora y ahora secretaria de Seguridad Interna del gobierno de Barack Obama, Janet Napolitano, sí descarriló iniciativas parecidas cuando era gobernadora, pero ahora todos culpan a Washington por no hacer lo suficiente en este rubro.
Más guardias, más muros
A la vez, McCain y su colega, el senador federal Jon Kyl, reiteraron su llamado al envío de tres mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera de Arizona con México, y por la construcción de más muros y mayores medidas para castigar a inmigrantes que cruzan la frontera sin documentos.
Organizaciones de inmigrantes, agrupaciones latinas, líderes religiosos y sindicalistas condenaron la legislación en Arizona y advirtieron que si es promulgada, todo latino o cualquier persona que las autoridades sospechen como posible extranjero ilegal, será sujeto a interrogatorio y arresto sólo por su apariencia.
El arzobispo de Los Ángeles, cardenal Roger Mahoney, denunció que la legislatura de Arizona ha aprobado una de las leyes antimigrantes más retrógradas, mezquinas e inútiles del país. Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros, pidió una expresión nacional de repudio al odio e intolerancia que amenaza a nuestra comunidad.
Danny Ortega, presidente de la junta del Consejo Nacional de la Raza, dijo que Arizona ha sido incubador de la legislación del odio, y advirtió que su impacto violará derechos civiles, derechos humanos y tal vez la Constitución, en entrevista con USA Today. El Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) adelantó que retará la constitucionalidad de la ley ante los tribunales federales si llega a ser promulgada.
Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, advirtió que esta legislación creará un clima de temor y pánico y sujetará a inocentes en Arizona a ser perfilados por su raza.
Crimen de odio
En Nueva York se emitió hoy el veredicto contra un joven que mató a un ecuatoriano cuando junto con amigos salió a cazar mexicanos en el pueblo de Patchogue, en Long Island. El caso provocó olas a nivel nacional al enfocar el asunto en el incremento de crímenes de odio contra inmigrantes por todo el país, y ahora el Departamento de Justicia evalúa crímenes de odio a nivel nacional.
En noviembre de 2008, el inmigrante ecuatoriano Marcelo Lucero caminaba con un amigo cuando fueron enfrentados por unos siete jóvenes que buscaban mexicanos para golpear, lo cual culminó con el apuñalamiento mortal de Lucero. Hoy, Jeffrey Conroy, de 19 años, fue declarado culpable de homicidio imprudente como crimen de odio. Cuatro de sus compañeros han aceptado su culpabilidad en cargos de crímenes de odio, dos más están en espera de juicio. El juez determinará una condena de entre 8 y 25 años de prisión para Conroy. El veredicto causó inconformidad entre la comunidad inmigrante y activistas contra delitos de odio por no imputar al responsable un cargo más severo.
¿Vamos a hacer de México una prostituta?
Fernando del Paso.
A mi regreso de un prolongado viaje fuera de México me enteré de una noticia que rebasó mi capacidad de asombro: la medida anunciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de que cualquier extranjero podrá entrar a nuestro país sin visa mexicana, con tal de que tenga una visa de Estados Unidos.
Leí ayer el atinado artículo publicado al respecto en La Jornada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y quisiera agregar otras consideraciones.
La medida parece partir del supuesto de que, si una persona cuenta con la autorización para ingresar a nuestro vecino del norte, es porque de alguna manera ha sido lo suficientemente investigada como para merecer ese privilegio.
Se olvida la secretaría que los terroristas del World Trade Center tenían visas de residencia en Estados Unidos y que el terrorista que el año pasado tenía la misión de hacer explotar un avión estadunidense tenía una visa de entrada.
Ignora la secretaría que esta falibilidad del sistema se agudiza por el hecho de que a Estados Unidos se le dificulta, y en ocasiones se le imposibilita, negar la visa a docenas de musulmanes –algunos de ellos terroristas en potencia– que viajan por el mundo con pasaportes y nacionalidad británicos, alemanes o franceses. Y que lo hacen también sin antecedentes penales: nadie es asesino antes de que asesine por primera vez.
Lo que ahora vamos a lograr es que estos señores disfruten de unas vacaciones en Acapulco o Cancún antes de dirigirse a Estados Unidos para colocar una bomba. O quizás ya no se molesten en viajar al otro lado, cuando descubran la vulnerabilidad de los grandes intereses que los estadunidenses tienen en México y prefieren llevar a cabo, aquí, sus kamikazes. No hablo nada más de hoteles llenos de turistas gringos –o canadienses: ellos no saben distinguir. También de intereses mexicanos vulnerables como ciertas materias primas propiedad de la nación, la nuestra, a las que (el terrorista puede suponer) Estados Unidos recurriría en el curso de un conflicto bélico: esas materias primas, como el petróleo, podrían también ser blanco de esos terroristas a los que ahora vamos a ofrecer una escala turística.
Ignora también la secretaría que la visa estadunidense no garantiza, y nunca ha garantizado, el ingreso automático a Estados Unidos. Como expresó un funcionario del Departamento de Migración del aeropuerto de Nueva York, la visa es sólo un permiso de tocar a la puerta. Es sabido que todo viajero de quien se sospeche tiene la intención de llevar a cabo una acción terrorista en Estados Unidos o simplemente la de quedarse a vivir en su territorio, es objeto de un intenso –y en ocasiones despiadado– interrogatorio. ¿Estamos capacitados para llevar a cabo esos interrogatorios? ¿Para sospechar de las mismas personas de las que los funcionarios estadunidenses sospecharían? ¿O vamos a importar de Estados Unidos expertos que lo hagan? Se dirá: ¿y por qué a Estados Unidos le puede preocupar el ingreso de extranjeros a México si éstos de todos modos tendrán que pasar por una frontera –en este caso terrestre– para ingresar a su territorio?
Porque no es lo mismo que los terroristas en potencia tengan que viajar por avión miles de kilómetros desde Pakistán o Nigeria, Alemania o Palestina, para tocar la puerta de Estados Unidos en un aeropuerto estadunidense, que intentar el paso clandestino, sin necesidad de tocar la puerta, por una de las fronteras más permeables del planeta.
Si la medida tomada por el gobierno mexicano es unilateral, es estúpida. Si se adoptó con el consentimiento de Estados Unidos, es más estúpida todavía. No creo que a ese país le guste la probable existencia, en lo que despectivamente llaman su patio trasero, de terroristas en potencia que los narcos u otros delincuentes podrían introducir de contrabando de la misma manera que lo hacen –y muy eficazmente– con todos los emigrantes mexicanos que quieren irse al otro lado. Y no creo que a Estados Unidos le guste la idea de que sea México el que se encargue de constatar la autenticidad de supuestas visas estadunidenses. ¿O es que tenemos los peritos para hacerlo? ¿O los vamos a traer de Estados Unidos en secreto para que, disfrazados de mexicanos, suplanten en esta tarea a nuestros oficiales de Migración? ¿Y los aparatos necesarios? ¿Nos los va a regalar Estados Unidos? ¿O nos va a obligar a comprarlos? Y a fin de cuentas: ¿por qué tendríamos que hacer ese trabajo por ellos? ¿Nos lo van a pagar? ¿O nos va a costar a nosotros?
¿Y puede México arriesgarse a que un día, cuando ocurra un monstruoso atentado en Estados Unidos éste nos acuse de haber dejado entrar a nuestro territorio, a causa de la inexperiencia o la negligencia o la corrupción de un agente de Migración mexicano al terrorista que lo ocasionó y que después fue contrabandeado por un túnel a su territorio?
No, no creo que a Estados Unidos le guste esta medida.
Y por lo que a nosotros toca, los mexicanos, debería gustarnos menos aún. No sólo porque esto representa una vergonzosa claudicación de nuestra soberanía, sino por algo peor.
Ya vimos a quiénes Estados Unidos sí les da visa. Veamos ahora cuáles son aquellas personas a las que Estados Unidos niega más, y de manera sistématica, una visa de entrada. ¿Delincuentes fichados en su país de origen? ¿Sospechosos de terrorismo? ¿Líderes fundamentalistas islámicos? ¿Neonazis? Sí, a unos cuantos. Pero también a miles, docenas de miles de mexicanos que no son los que quieren vivir y trabajar en su territorio –ésos saltan muros, se mojan las espaldas, pagan miles de dólares para lograrlo, se mueren deshidratados en los desiertos. No, a quienes los estadunidenses les cierran la puerta en las narices es a todos aquellos mexicanos que desean visitar a uno o varios de sus seres queridos que viven al otro lado (y quienes, por su condición de ilegales, no pueden salir de Estados Unidos, donde tienen ya su vida más o menos solucionada; saben muy bien que no los dejarían regresar). En otras palabras, los estadunidense le niegan la visa a madres que no han visto a un hijo o una hija por 20 años. Al mexicano o mexicana que no ha visto a su hermana o su hermano por 30. A los abuelos que no conocen, y nunca conocerán, a sus nietos, ni serán jamás conocidos por ellos. Son, en su inmensa mayoría, mexicanos de escasos recursos que son humillados, vejados, en las oficinas consulares estadunidenses. Son mexicanos a quienes se les exige un pago previo depositado en un banco de mil 700 pesos por visa, se les dé ésta o no. Es decir, si se les niega, el consulado de todos modos se queda con su dinero. ¿Y quién los defiende? ¿Cuál es la autoridad mexicana que protesta ante esta violación flagrante de la llamada reciprocidad diplomática? Ninguna. No podemos. No nos conviene. Estados Unidos nos tiene apercollados. O en otras palabras, agarrados por el cuello. Si hacemos un cálculo muy conservador: 50 oficinas consulares estadunidenses que cada día le niegan la visa a 30 mexicanos, es decir, a mil 500 diarios, equivalente a 450 mil en un año de 300 días hábiles, resulta que al cabo de ese tiempo Estados Unidos ha expoliado a esos mexicanos un total cercano a 900 millones de pesos. Y México guarda silencio.
Pero lo más inicuo y paradójico, lo más aberrante, es que todos esos mexicanos, por no tener visa de Estados Unidos no se diferencian, en esto, de todos aquellos extranjeros que, por la misma razón, no dejaríamos ingresar a nuestro territorio.
Existe una razón económica evidente para establecer esta medida: el aumento de nuestro ingreso proveniente del turismo. Una actitud que tampoco se diferencia, tal como yo lo veo, de la que toma un individuo, hombre o mujer, y no por coacción, sino por elección, para prostituirse.
Y es que eso nos pasa a nosotros con esta decisión vergonzante: estamos haciendo de México una prostituta.
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