Santiago, Chile. La Suprema Corte de Justicia rebajó hoy las condenas a la cúpula de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (Dina), máximo órgano de represión durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en relación con el asesinato de Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, cometido en Buenos Aires, en 1974.
El máximo tribunal aplicó la medida de media prescripción al otrora jefe de la temible Dina, el ex general Manuel Contreras, y a otros ex agentes y dos civiles que recibieron penas definitivas por asociación ilícita y su participación en el asesinato del ex general Prats y Cuthbert, entre ellos los ex brigadieres Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga Neumann.
Contreras, que recibió condena de doble cadena perpetua de acuerdo con el dictamen del juez Alejandro Soliz en 2008, cumplirá ahora 17 años de prisión por el delito de doble homicidio calificado, misma sanción que cumplirá Pedro Espinoza, condenado en primera instancia a 20 años.
A los ex agentes Raúl Iturriaga Neumann, José Octavio Zara, Cristoph Willike y Juan Morales Salgado les fue rebajada la pena de 20 a 15 años y un día de prisión, además de que por el delito de asociación ilícita recibieron una pena de 100 días de cárcel.
Mientras, los civiles Mariana Callejas, ex esposa de Michael Townley, autor material del crimen y protegido por Estados Unidos, y el espía Jorge Iturriaga Neumann, fueron condenados a cinco años en calidad de cómplices, en tanto que el suboficial Reginaldo Valdés Alarcón recibió dos penas de 541 de cárcel con beneficio de remisión condicional.
Las hijas del matrimonio Prats Cuthbert quedaron conformes con las sanciones y que se haya restablecido la "asociación ilícita", mientras el ejército buscó desligarse de la dictadura al repudiar los crímenes de los militares que participaron en el doble asesinato.
Al concluir el proceso contra los autores del atentado contra el general chileno Carlos Prats su hija Sofía lamentó que no pudo enjuiciarse al estadounidense Michael Townley, el ex agente de la DINA autor material de la colocación de la bomba en el barrio de Palermo, quien permanece con otra identidad bajo protección del gobierno de Estados Unidos. (Fuente: ANSA)
Al cabo de décadas de reclamos, la justicia chilena emitió un rayo de luz, al dictaminar la autoría intelectual del ex dictador Augusto Pinochet, en el atentado terrorista perpetrado contra el general Carlos Prats, en Argentina, en 1974. La Corte Suprema también sentenció a 20 años de presidio al general Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinoza como autores del crimen y por asociación ilícita para cometerlo.
Sin embargo, además de demorada, la señora de la balanza se vio impotente para juzgar al autor material de la colocación de la bomba asesina, quien disfruta de la protección del gobierno de Estados Unidos, que cobija en confortable nido a cuanto represor terrorista anda prófugo. Si no que lo digan los que atentaron contra Letelier, o Posada Carriles y Orlando Bosch, o el ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Losada, por sólo citar algunos casos.
Al igual que estos últimos, Michael Townley sabe demasiado y hay que mantenerlos a salvo e impunes.
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